El seguro de salud de empresa puede aportar ventajas fiscales tanto a la empresa como a los empleados cuando se estructura correctamente. Para el trabajador, la normativa del IRPF establece que las primas pagadas por la empresa para cubrir enfermedad del propio empleado pueden estar exentas de tributación como retribución en especie, y esa cobertura puede extenderse también al cónyuge y a los descendientes. El límite general de exención es de 500 euros al año por cada persona asegurada, o de 1.500 euros al año por persona con discapacidad. Si se supera ese importe, el exceso sí tributa como retribución en especie.

Para la empresa, implantar un seguro médico colectivo permite reforzar la compensación al empleado con un beneficio muy valorado y, además, integrar ese gasto dentro de su política retributiva. En la práctica, la prima satisfecha por la empresa puede tener la consideración de gasto fiscalmente deducible, siempre que cumpla los requisitos generales de deducibilidad y esté correctamente contabilizada. Esto convierte al seguro de salud en una fórmula eficiente para mejorar el paquete retributivo sin trasladar al empleado toda la carga fiscal que tendría un aumento salarial equivalente.

En un producto como Adeslas Empresas, esta ventaja fiscal se suma al valor laboral del propio seguro. La empresa no solo ofrece asistencia sanitaria privada a su equipo, sino que lo hace con una solución que puede resultar más atractiva desde el punto de vista retributivo y de bienestar. Por eso, muchas compañías utilizan el seguro de salud para empleados como una herramienta para cuidar a la plantilla, mejorar su propuesta de valor y optimizar la forma en la que compensan a sus profesionales.

Lo importante es revisar cada caso concreto, porque la aplicación fiscal depende de cómo se configure la póliza, de quién figure como tomador y de cómo se articule dentro de la política salarial de la empresa. Pero, bien planteado, el seguro de salud de empresa puede convertirse en una de las fórmulas más interesantes para combinar protección sanitaria, valor para el empleado y eficiencia fiscal.